La Coordinadora del Grupo Legislativo del PRD, Perla Villarreal Valdez, exhortó al Gobierno estatal y al ISSSTELEÓN a atender de manera urgente el adeudo que mantienen con maestras y maestros jubilados de la sección 50, cuyo monto supera actualmente los mil millones de pesos, de acuerdo con los propios afectados.
La Presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso local señaló que el reclamo no es nuevo, ya que, miles de docentes han tenido que recurrir a manifestaciones, mesas de diálogo y, recientemente, a la vía jurisdiccional para exigir el cumplimiento de prestaciones que consideran les corresponden legalmente.
“No están solos. Su exigencia ha sido escuchada en esta tribuna y continuaremos acompañando la petición de que se cubra aquello que legalmente corresponda y se dé una solución definitiva a un conflicto que lamentablemente se ha prolongado demasiado”, afirmó.
“No estamos hablando de un capricho ni de una petición extraordinaria. Estamos hablando de mujeres y hombres que dedicaron buena parte de su vida a las aulas y que hoy reclaman una parte de su patrimonio, construido después de décadas de servicio”, enfatizó.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad de los legisladores.
Villarreal Valdés destacó que entre las prestaciones reclamadas se encuentra un incremento del 6.43 por ciento en las pensiones, además de los pagos retroactivos acumulados durante los últimos años.
La problemática ha llevado a las y los jubilados a presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, respaldada por 8 mil 667 docentes, cifra que, según sus representantes, podría acercarse a los 9 mil afectados.
La Diputada consideró contradictorio reconocer públicamente la importancia de las maestras y maestros y, al mismo tiempo, permitir que quienes ya concluyeron su vida laboral continúen enfrentando un proceso prolongado para obtener el cumplimiento de sus derechos.
Asimismo, se propuso exhortar al Tribunal de Justicia Administrativa para que dé cauce al procedimiento promovido por las y los afectados, con imparcialidad, respeto al debido proceso y atendiendo al principio de justicia pronta y expedita.
