La diputada local de Morena, Brenda Velázquez, urgió a la Secretaría de Educación de Nuevo León a informar qué avances existen en la actualización y publicación de los protocolos de seguridad para las escuelas, al advertir que la prevención no puede quedarse solamente en el papel.
Brenda Velázquez recordó que las amenazas de violencia ocurridas en distintos planteles del estado evidenciaron la necesidad de contar con reglas claras, personal preparado y mecanismos de reacción que permitan proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.
“No podemos esperar a que ocurra una tragedia para saber si estamos preparados. Las familias necesitan tener la certeza de que sus hijas e hijos estudian en espacios seguros y que existe un protocolo claro para actuar ante cualquier riesgo”, señaló.
La legisladora explicó que la nueva Ley de Educación obliga a implementar protocolos permanentes contra la violencia física, psicológica y cibernética, además de medidas para atender situaciones de crisis y proteger a toda la comunidad escolar.
Sin embargo, indicó que el plazo legal sigue avanzando y, hasta el momento señalado en el Punto de Acuerdo, no se había identificado una publicación oficial que informara sobre el avance de estas disposiciones, por lo que pidió a Educación transparentar el cronograma y el estado que guardan los protocolos pendientes.
“Una ley sirve cuando se cumple. Por eso estamos pidiendo fechas, avances y resultados concretos, porque cuando hablamos de la seguridad de niñas, niños y jóvenes no puede haber retrasos ni improvisaciones”, enfatizó Brenda Velázquez.
Además, solicitó informar si ya fue instalado el Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación, integrado con la participación de madres y padres de familia, docentes y otros representantes de la comunidad educativa, cuyo plazo previsto en la ley ya había vencido.
El exhorto presentado -y aprobado por unanimidad- ante la Diputación Permanente pide formalmente a la Secretaría de Educación informar al Congreso sobre el avance y calendario de los protocolos de seguridad escolar y, en caso de que el Consejo Estatal de Participación Escolar aún no haya sido instalado, proceder a su integración inmediata.
