La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó la intervención del Congreso del Estado de Nuevo León, al determinar la no aceptación de la recomendación 04/2023, por violaciones a derechos humanos atribuidas a personal adscrito a la policía Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad, durante la marcha del pasado 8 de marzo del 2023, realizada por el Día Internacional de la Mujer.

La presidenta del Organismo, Susana Méndez Arellano, explicó que no ha sido aceptada la recomendación dirigida al Secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, por lo que entregó en la Oficialía de Partes un oficio mediante el cual se solicita atentamente al H. Congreso del Estado de Nuevo León, llame a comparecer a la autoridad responsable con el objetivo de que funde y motive la causa de su negativa.

“Es una multiplicidad de derechos humanos violentados por eso acudimos el día de hoy, una vez concluido el trámite al interior de la Comisión y haber hecho 4 requerimientos para que reconsideraran aceptar íntegramente la recomendación, no se dio el caso, no se pronunciaron”, explicó la Presidenta del Organismo.

Desde el pasado 24 de mayo el Secretario de Seguridad del Estado manifestó la aceptación parcial de la recomendación 04/2023, sin embargo en el sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos eso no es posible, la recomendación se acepta total o íntegramente o se rechaza.

“Es sumamente grave que en un día que está dedicado para eliminar la violencia contra las mujeres, Fuerza Civil actúe en contra de las mujeres que estaban marchando, se pudo ver en televisión a nivel nacional. Existen protocolos para el uso de la fuerza”, explicó Méndez Arellano.

El objetivo es que la autoridad reconsidere su posición y acepte la recomendación emitida, señalando como parte de la reparación integral de los daños causados a las víctimas de violaciones a derechos humanos, se realice un acto protocolario en el que se ofrezca una disculpa pública por las personas servidoras públicas quienes deberán asumir el compromiso de que los hechos violatorios de derechos humanos que originaron dicha disculpa pública, no vuelvan a ocurrir, e implementar medidas y/o mecanismos que garanticen la no repetición de hechos violatorios similares.

En la recomendación se establece que los derechos vulnerados son: Derecho a la libertad de reunión, Derecho a la Integridad personal, a través del uso excesivo de la fuerza, Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, Derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser objeto de ninguna forma de violencia y a que su interés superior sea una consideración primordial y Derecho a la protección de las personas con discapacidad.