La prisión preventiva oficiosa, sin aceptar la presunción de inocencia y un debido proceso, es violatoria de los derechos humanos, además de que va a provocar mayor impunidad y corrupción, porque van a pagar “justos por pecadores”, con el riesgo de que esta figura jurídica se utilice como arma de acoso por parte del Estado, advirtió el Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, al anunciar el voto en contra de las y los diputados del PRI a la reforma de nueve leyes secundarias, que incluyen 150 conductas delictivas, estableció que el gobierno federal y su partido mienten, porque el cambio legal se hizo con argumentos políticos, sin técnica jurídica, y el resultado fue excluir a los jueces y dejar al Ministerio Público la decisión de quién va y quién no a prisión preventiva oficiosa.
Explicó, hay delitos en el catálogo desde el 2008, como el homicidio, y los asesinatos no han disminuido, al contrario, “estamos en el año más violento del que se tiene registro, y ahora, se engaña a los mexicanos diciéndoles que por el simple hecho de que el feminicidio esté en ese catálogo, va a dejar de ocurrir; lo que plantean no es una estrategia de seguridad, y por tanto no tendremos el resultado que buscamos y la realidad se impondrá”, sentenció.
El diputado Enrique Ochoa Reza, señaló que la prisión preventiva oficiosa es una salida falsa para resolver los problemas de inseguridad, y resumió así el alcance de la reforma de Morena y sus aliados: Se va a castigar a inocentes, si el Ministerio Público hace una acusación equivocada, el juez no puede hacer nada, la persona irá a prisión y desde ahí tendrá su proceso, con pena anticipada y el verdadero culpable seguirá en libertad y eso “no genera justicia, sino impunidad”, acusó.
En su oportunidad, el legislador Eduardo Zarzosa Sánchez, confrontó el discurso oficialista con el sello del populismo, la mitomanía y la falta de resultados, “de verdad, ¿con qué cara vienen a esta Tribuna a hablar de las víctimas? No tienen vergüenza. Si la semana pasada eliminaron el fondo para proteger a los familiares víctimas del delito, ¿cómo se atreven a hablar de ellas si no tienen el menor remordimiento?”, remarcó.
Los legisladores del PRI advirtieron que la reforma no ayuda a las víctimas, ni protege a los ciudadanos, es más, es violatorio a los tratados internacionales y habrá nuevas salvaguardas de organismos defensores de los derechos humanos.
La diputada Claudia Pastor Badilla, ahondó en estas violaciones de los derechos humanos; exhibió la trampa de la reforma que aprueba, dijo, un catálogo de arbitrariedades, donde todos irán a la cárcel, con la anarquía de aquella frase “primero disparo y luego averiguo”, pero también habrá que recordar que está aprobada otra figura jurídica, la de extinción de dominio, con la cual las personas ya no tendrán su patrimonio, sus bienes, para defenderse.
La legisladora Anilú Ingram Vallines, refrendó que la reforma no arregla de manera milagrosa la situación de inseguridad que vivimos, y si realmente pretenden disminuir el número de delitos y que los culpables enfrenten a la justicia, lo mejor es asignar presupuesto a la prevención, atención y reestructuración del tejido social y advirtió, “este castigo afectará desproporcionalmente a las mujeres en la cárcel, que son la mayor población en los centros penitenciarios sin condena”.
El congresista Lenin Campos Córdova, cuestionó el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, y rememoró “el alboroto” que se hizo con el “huachicoleo”, porque hasta este momento no hay acciones de justicia en la materia, lo que se tiene es el atropello a inocentes y “las reformas al artículo 19 Constitucional, que pusieron este robo de combustibles como delito grave es una modificación ciega, que no distingue aún entre lo que es robarse una cubeta o una pipa con combustible”.
Las reservas presentadas por legisladores como Ximena Puente De La Mora, Sara Rocha Medina, Enrique Ochoa Reza, Claudia Pastor Badilla, Norma Guel Saldívar, tuvieron el objetivo de corregir el “bodrio legislativo”, y para obtener un voto de confianza, a fin de construir un marco jurídico acorde a la realidad, sin vulnerar los derechos humanos.
