<\/p>\n
Son oficiales los n\u00fameros que sustentan la proposici\u00f3n de que uno de los factores que explican (y abonan eficazmente) la impunidad en nuestro pa\u00eds, es la falta de confianza y, por consiguiente, de denuncia de las v\u00edctimas de un delito ante las instancias encargadas de impartir justicia, las llamadas \u201ccifras negras\u201d que son particularmente grandes en los delitos calificados como de \u201calto impacto\u201d, tales como el asesinato, el secuestro, la extorsi\u00f3n, el robo y el asalto en todas sus formas. De aqu\u00ed la necesidad y la importancia de formular y contestar seriamente la obligada pregunta que de tal situaci\u00f3n se desprende: \u00bfpor qu\u00e9 el mexicano no recurre a los tribunales en busca de justicia y de protecci\u00f3n cuando sufre en carne propia uno de estos devastadores delitos?<\/p>\n
Evidentemente estamos ante un problema multicausal, complejo, que no debe, por lo mismo, simplificarse a grado tal que la respuesta resulte parcialmente falsa, incompleta, o, lo que es peor, in\u00fatil y hasta perjudicial. Con todo, pienso que por grande que sea el n\u00famero y dispar la variedad de las causas inmediatas y visibles del fen\u00f3meno, pueden reducirse a un denominador com\u00fan, a una sola y misma causa profunda, invisible o dif\u00edcil de percibir para una mirada superficial. Me refiero a los vicios que ostentan la legislaci\u00f3n mexicana y el aparato encargado de su aplicaci\u00f3n, incluyendo al Estado completo por ser el marco en que opera la estructura de los poderes legislativo y judicial.<\/p>\n
En efecto, se sabe bien que nuestra legislaci\u00f3n est\u00e1 plagada de delitos mal e insuficientemente definidos y tipificados, de manera tan vaga, tan poco rigurosa y precisa tanto en su l\u00f3gica interna cuanto en el lenguaje jur\u00eddico en que est\u00e1n formulados, que dejan un ampl\u00edsimo margen a la \u201cinterpretaci\u00f3n\u201d de quien los aplica; es decir, que la correcta y justa sanci\u00f3n del delincuente depende m\u00e1s del criterio del juez que de la letra y el esp\u00edritu del mandato legal. Estas mismas vaguedad e imprecisi\u00f3n son las que abren espacio a los r\u00e1bulas que hacen de las sutilezas l\u00f3gicas y de la polisemia de los t\u00e9rminos jur\u00eddicos su arma predilecta, y m\u00e1s eficaz, para burlar el esp\u00edritu de la ley y hacer que el juez acabe condenando a los inocentes y liberando a quienes tienen suficiente dinero y poder para pagar los servicios de un experto en torcer la vara de la justicia. Modelo cl\u00e1sico de esta legislaci\u00f3n ambigua y apta por excelencia para prefabricar culpables, principalmente por razones pol\u00edticas, es el famoso delito de \u201cdisoluci\u00f3n social\u201d de ingrata memoria, que por a\u00f1os sirvi\u00f3 como garrote para combatir a los \u201cenemigos del sistema\u201d y que, por eso, termin\u00f3 siendo una de las causas que precipitaron al pa\u00eds en el grave conflicto estudiantil-popular del a\u00f1o de 1968.<\/p>\n
Esto con relaci\u00f3n a las leyes. Por lo que respecta al aparato encargado de aplicarlas, destaca como uno de sus vicios (o debilidades)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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