- Acuerdan acciones en favor del Sistema de Impartición de Justicia Civil y Familiar.
- El encuentro con los representantes de la región se llevó a cabo de manera presencial en el Poder Judicial de Nuevo León y a través de las plataformas digitales.
Con la finalidad de brindar asistencia técnica y seguimiento a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se llevó a cabo la Reunión del Comité Regional Noreste de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM).
La reunión se efectuó en modalidad híbrida, teniendo como sede el Salón de Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.
Lo que constituye la Segunda Reunión del Comité Regional Noreste, fue presidida por el magistrado José Arturo Salinas Garza, Presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, anfitrión del evento, y el magistrado Eliseo Juan Hernández Villaverde Secretario Técnico de COCIFAM. así como a distancia, Raúl Carrillo del Muro con la representación del magistrado Arturo Nahle García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y Coordinador de la Región Noreste de COCIFAM.
De forma presencial, participaron las magistradas Maribel Flores Garza, Mónica Janneth Sandoval Grajeda, Marlene Yuridia Mendo Castán, el magistrado Juan José Tamez Galarza y el consejero Pedro Cisneros Santillán.
Se convocó a participar al Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, presidentas y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de la Región Noreste, presidentas y presidentes de las Comisiones de Justicia de cada uno de los Congresos Estatales de la Región Noreste, al Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, a la Presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, presidentas y presidentes de los Consejos de la Judicatura de la Región Noreste.
El 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual modifica sustancialmente los procedimientos para aplicar las reglas y principios del juicio oral, considera los beneficios de la justicia alternativa y reconoce e introduce el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
La vigencia del Código inicia el 1 de abril de 2027 a nivel nacional.
Al dar la bienvenida como anfitrión del encuentro, el magistrado José Arturo Salinas Garza expresó que el objetivo final de la reforma es tener una justicia más pronta y expedita.
Agregó que su implementación implica grandes retos, siendo uno de ellos contar con la suficiencia presupuestal.
“Para poder cumplir con estas disposiciones se requiere de los recursos presupuestales para poder hacer frente a esto. Creo que esta unión y este trabajo coordinado de todos los tribunales superiores de justicia, de los diputados de las diferentes entidades federativas y de la propia Cámara de Diputados, será importante para lograr estos objetivos”.
Hizo patente el compromiso del Poder Judicial para trabajar en la implementación de las reformas relativas al Código. Como parte de los trabajos del encuentro se procedió a la presentación y aprobación del Proyecto de Plan Estratégico para la Implementación del Sistema de Justicia Civil y Familiar en los Estados Unidos Mexicanos y del Acuerdo que lo aprueba.
Presentación y aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el desarrollo de una plataforma electrónica pública para la difusión de las acciones de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar.
Presentación y aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la integración de grupos de trabajo para la elaboración de propuestas relativas a la definición de estándares de los sistemas electrónicos reglados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; así como para el estudio de las reformas necesarias que requiere el Sistema de Impartición de Justicia Civil y Familiar.
En el encuentro se expusieron diversos planteamientos respecto al grado de complejidad para lograr su implementación abordando temas relativos a capacitación, adaptaciones organizacionales, de infraestructura, recursos informáticos y presupuestales suficientes, que redundan en la necesidad de coordinar esfuerzos para apoyar el proceso de transición, tanto en la dimensión jurídica como en la organizacional, de infraestructura física y tecnológica, así como de formación profesional.
En la reunión participaron representantes de Nuevo León, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Contando además con representaciones del Consejo de la Judicatura Federal, del Senado de la República y la Cámara
